Educadores, familias y defensores de la educación pública se manifestaron el jueves frente a la Corte Suprema de Carolina del Norte para exigir que el tribunal haga cumplir el fallo del caso Leandro, advirtiendo que los retrasos perjudican a los estudiantes, especialmente a los más vulnerables.
Durante la conferencia, denunciaron la escasez de personal, la falta de apoyo y los recursos limitados en las escuelas, responsabilizando a la Corte Suprema y a la Asamblea General por su inacción. “Esto no es solo un asunto legal, es un asunto moral”, dijo Bryan Proffitt, profesor de historia y vicepresidente de la Asociación de Educadores de Carolina del Norte. “Las escuelas públicas son la columna vertebral de nuestras comunidades, y cada niño que asiste a ellas merece las mejores oportunidades posibles”.
Junto a Proffitt, participaron otros líderes y funcionarios, entre ellos Rhyan Breen, miembro de la Junta Escolar del Condado de Wilson; Harry Southerland, vicepresidente de la Junta de Comisionados del Condado de Hoke; Shalonda Regan, defensora juvenil del Condado de Robeson; y Jackie McLean, concejala de la ciudad de Raeford. El jueves 29 de enero, padres, líderes educativos y defensores de la educación en Carolina del Norte realizaron una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema del estado. Exigieron acciones en el caso Leandro v. North Carolina relacionado con el financiamiento de la educación.
Susana Benítez, coordinadora estatal de Every Child NC, señaló que cada retraso tiene consecuencias directas para los estudiantes y las familias en todo el estado. “Otro retraso afecta directamente a nuestros estudiantes”, dijo Benítez. “El plan existe. Lo que no ha existido es la voluntad política para financiarlo”.
Benítez se refirió a un plan desarrollado desde 2019 que detalla cómo el estado podría mejorar los salarios de los maestros, contratar más consejeros escolares, mejorar la infraestructura y ampliar los recursos.Illiana Santillán, exmaestra de escuelas públicas en Carolina del Norte, dijo que años de falta de inversión han llevado a muchos educadores a abandonar la profesión, lo que ha afectado de manera desproporcionada a los estudiantes con mayores necesidades. “Cuando se recortan los fondos, los primeros en perder son los estudiantes más vulnerables”, dijo Santillán, quien también es directora ejecutiva de la organización Brava NC. “Los estudiantes que aprenden inglés son enviados a salones móviles, y los consejeros se reparten entre varias escuelas”. Santillán también criticó que, aunque la Constitución garantiza el derecho a una educación adecuada, ni la Corte ni la legislatura han actuado con la urgencia necesaria.
