La administración de Donald Trump pidió el martes a la Corte Suprema intervenir en una demanda para permitir el uso de un controvertido sistema de datos destinado a revisar los registros de votantes estatales antes de las elecciones de medio término.
Según la oficina del fiscal general, las sustancias PFAS se han propagado por el aire, las aguas subterráneas y del río Cape Fear, afectando los recursos naturales y a comunidades del sureste de Carolina del Norte.
La decisión llega en medio de un creciente escrutinio sobre las prácticas de uso de la fuerza por parte de ICE y mientras defensores de los derechos civiles continúan exigiendo mayor transparencia y supervisión de las operaciones de la agencia.
Para muchos beneficiarios, las nuevas restricciones hacen que una vía que antes podía facilitar el proceso hacia la residencia permanente sea ahora mucho más difícil y riesgosa.
El futuro de HB 958 dependerá de si los republicanos logran obtener suficientes votos en la Cámara de Representantes para anular el veto. Los líderes legislativos republicanos han dicho que no planean realizar más votaciones este año hasta después de las elecciones de noviembre.
Duke Energy redujo su propuesta de aumento en las tarifas eléctricas después de meses de críticas, funcionarios estatales y defensores de los consumidores dicen que el nuevo acuerdo sigue siendo demasiado costoso para las familias de Carolina del Norte.
Oradoras pidieron a los legisladores estatales y federales fortalecer las protecciones laborales, mejorar las condiciones de vivienda de los trabajadores agrícolas, garantizar salarios justos y establecer medidas significativas para proteger a los trabajadores del calor extremo.
Legisladores demócratas y defensores del derecho al voto conmemoraron este jueves el 61 aniversario de la Ley de Derechos Electorales de 1965 con un llamado a proteger el acceso al voto, al asegurar que recientes cambios impulsados por la mayoría republicana en Carolina del Norte ponen en riesgo los avances logrados durante décadas.
El centro fue operado anteriormente por la empresa privada GEO Group y funcionó como una prisión federal hasta su cierre en 2021. Durante años, la instalación fue objeto de críticas por denuncias de violencia, contrabando, abuso sexual y otros problemas relacionados con las condiciones del centro.
Durante las tres semanas que permaneció detenido en el Centro de Detención Stewart, el estado de salud de Prisciliano Trejo Ricano se deterioró rápidamente. Todos los días llamaba y hacía videollamadas a su familia en busca de apoyo emocional.