Aunque la administración insiste en que los cambios son limitados, organizaciones de defensa de los inmigrantes continúan monitoreando la situación y evaluando posibles desafíos legales ante una medida que, según críticos, podría ralentizar aún más los procesos de inmigración legal en Estados Unidos.
El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, criticó una propuesta de enmienda constitucional que reduciría el límite máximo del impuesto estatal sobre la renta al 3.5%, calificándola como una “trampa” y un “juego cínico” que trasladaría la carga de financiar los servicios públicos a las familias trabajadoras.
La resolución impulsada por el concejal Eduardo Herrera-Picasso fue aprobada con una votación de 4-2 y reafirma el compromiso de proteger a todos los residentes contra registros y detenciones irrazonables, además de oponerse a acciones ilegales por parte de ICE.
Jóvenes en todo el estado describieron cómo enfrentan deudas estudiantiles crecientes, inestabilidad financiera y menos oportunidades, a pesar de haber hecho todo lo que les dijeron que debían hacer para alcanzar el éxito.
Hace dos semanas, familias, enfermeras y defensores del cuidado en el hogar recorrieron los pasillos de la Asamblea General para hablar con legisladores sobre la importancia de estos servicios para miles de personas en el estado.
Líderes republicanos en Raleigh anunciaron esta semana que alcanzaron un acuerdo preliminar sobre el presupuesto estatal que incluiría aumentos salariales para maestros y empleados públicos en Carolina del Norte.
Organizaciones y defensores de inmigrantes han reportado un aumento alarmante en los casos de beneficiarios de DACA arrestados, detenidos y deportados. Al mismo tiempo, retrasos administrativos, nuevas políticas federales y la falta de acción del Congreso están dejando a miles de personas en riesgo de perder su estatus migratorio.
Los líderes educativos de Carolina del Norte están advirtiendo que la tasa de graduación de preparatoria del estado podría disminuir este año en medio de las continuas acciones federales de control migratorio.
Una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podría transformar el panorama político del país y reabrir una intensa batalla sobre cómo se trazan los distritos electorales. El fallo, emitido en el caso Louisiana v. Callais, limita de manera significativa el alcance de la histórica Ley de Derechos Electorales de 1965 y podría facilitar que varios estados rediseñen sus mapas electorales antes de las próximas elecciones.
Bajo el lema “Kids over Corporations”, los participantes marcharon hacia las afueras de la Asamblea General para pedir mejores salarios para los docentes, más fondos por estudiante, el fin de los vales para escuelas privadas y mayores impuestos a las corporaciones.