Durante casi 14 años, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) ha ofrecido protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para cientos de miles de “Dreamers”: inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y crecieron en el país.
Sin embargo, en los últimos meses, organizaciones y defensores de inmigrantes han reportado un aumento alarmante en los casos de beneficiarios de DACA arrestados, detenidos y deportados. Al mismo tiempo, retrasos administrativos, nuevas políticas federales y la falta de acción del Congreso están dejando a miles de personas en riesgo de perder su estatus migratorio.
Desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incrementado las acciones de detención y deportación contra personas protegidas bajo DACA, pese a que el programa fue creado justamente para protegerlas de la expulsión del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que aproximadamente 260 beneficiarios de DACA fueron arrestados durante 2025 y que al menos 174 fueron deportados. Algunos de los deportados han logrado regresar a Estados Unidos tras ganar batallas legales, lo que defensores consideran evidencia de prácticas de control migratorio excesivas e ilegales.
Funcionarios federales también han enviado mensajes públicos advirtiendo a beneficiarios de DACA sobre posibles arrestos y alentándolos a “autodeportarse”. En abril de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión que podría facilitar futuras deportaciones de personas protegidas bajo el programa.
Además de las acciones de control migratorio, , miles de beneficiarios de DACA están enfrentando retrasos significativos en la renovación de sus permisos. En años recientes, las renovaciones solían procesarse en menos de un mes. Actualmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reporta tiempos promedio de al menos cuatro meses, mientras abogados y solicitantes aseguran que algunos casos tardan seis meses o más.
El problema tiene consecuencias inmediatas. Si el permiso expira antes de que llegue la renovación, la persona pierde automáticamente su autorización de trabajo y, en algunos estados, también puede perder su licencia de conducir. Además, queda nuevamente expuesta a deportación. Defensores también advierten que el tiempo transcurrido sin protección podría contarse como “presencia ilegal”, lo que complicaría futuras vías de regularización migratoria.
Entre las razones señaladas para los retrasos están revisiones más estrictas, verificaciones biométricas adicionales y nuevas políticas federales. USCIS también ha suspendido el procesamiento de solicitudes relacionadas con países incluidos en la más reciente restricción de viajes impulsada por la administración Trump.
Por ahora, nada ha cambiado oficialmente para quienes tienen DACA vigente, pero expertos legales advierten que el panorama podría modificarse rápidamente.
Más allá de las cortes, los beneficiarios de DACA enfrentan nuevas restricciones en distintas áreas de su vida diaria.
La administración Trump ha bloqueado el acceso de personas con DACA a ciertos programas de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ha cuestionado ayudas universitarias destinadas a estudiantes inmigrantes y ha demandado a varios estados por ofrecer matrícula estatal reducida a estudiantes indocumentados.
Mientras tanto, USCIS continúa sin procesar nuevas solicitudes iniciales de DACA, dejando fuera a una nueva generación de jóvenes inmigrantes que crecieron en Estados Unidos pero nunca pudieron acceder al programa. Actualmente, más de 1.5 millones de Dreamers no tienen acceso a DACA.
A casi 14 años de su creación, DACA continúa siendo una de las protecciones más importantes para jóvenes inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, el aumento de deportaciones, los retrasos en renovaciones y los constantes desafíos legales han colocado el futuro del programa en una posición cada vez más frágil.
Defensores de inmigrantes insisten en que se necesita una solución permanente por parte del Congreso para proteger a los Dreamers y garantizar estabilidad para cientos de miles de familias en todo el país.
