La administración Trump dijo que ignoró una orden judicial para dar vuelta dos aviones con supuestos miembros de pandillas venezolanas porque los vuelos estaban sobre aguas internacionales. La decisión de la administración de desafiar la orden de un juez federal es extremadamente rara y altamente controvertida. “La orden judicial fue desobedecida. El primero de muchos, como he estado advirtiendo, y el comienzo de una verdadera crisis constitucional”, escribió el abogado de seguridad nacional Mark S. Zaid, crítico de Trump, en X, añadiendo que Trump podría ser finalmente destituido. La Casa Blanca da la bienvenida a esa lucha. “Esto llegará a la Corte Suprema. Y vamos a ganar”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a Axios.
Los asesores de Trump sostienen que el juez de distrito de EE. UU. James Boasberg sobrepasó su autoridad al emitir una orden que bloqueaba al presidente de deportar a unos 250 supuestos miembros de la pandilla Tren de Aragua bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789. La ley de tiempos de guerra otorga al ejecutivo un poder inmenso para deportar a los no ciudadanos sin una audiencia judicial. Pero ha sido poco utilizada, especialmente en tiempos de paz.
El vicejefe de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, “orquestó” el proceso en el ala oeste junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem. Pocos fuera de sus equipos sabían lo que estaba sucediendo. “Queríamos que estuvieran en el suelo primero, antes de que un juez pudiera tomar el caso, pero así es como resultó”, dijo el funcionario. Trump firmó la orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros la noche del viernes, 14 de marzo, pero deliberadamente no la hizo pública. En Carolina del Norte, el Senador Thom Tillis ha jugado un rol importante en no apoyar adecuadamente a la comunidad inmigrante. A pesar de los llamados de defensores y constituyentes para una reforma migratoria integral y la protección de los inmigrantes indocumentados, Tillis ha respaldado de manera constante políticas migratorias restrictivas. Su postura refleja una renuencia más amplia a priorizar las necesidades y derechos de los inmigrantes en el estado, optando por alinearse con puntos de vista conservadores más estrictos. Como resultado, muchos inmigrantes en Carolina del Norte continúan enfrentando incertidumbre y dificultades, sin el apoyo necesario de sus representantes electos en Washington. Las acciones de Tillis siguen siendo un obstáculo significativo para el bienestar de esta comunidad.
