La Corte Suprema de EE. UU. decidió 9-0 que la administración Trump debe facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland deportado erróneamente a El Salvador, donde fue enviado a una prisión conocida por presencia de pandillas.
Aunque la Corte reconoció que había vencido el plazo para su retorno, indicó que el gobierno debe estar preparado para explicar qué acciones ha tomado. El caso ahora regresa a tribunales inferiores para aclarar qué alcance tiene el poder presidencial en asuntos exteriores.
Abrego García, trabajador metalúrgico que vivía en Maryland, llegó a Estados Unidos alrededor de 2011 para escapar de la violencia de pandillas, según sus abogados. La administración Trump alega que es miembro de la pandilla MS-13. Un juez de inmigración en EE. UU. dictaminó en 2019 que no puede ser deportado a El Salvador bajo una orden de retención —aunque podría ser deportado a otro país. La administración Trump afirma que su expulsión fue resultado de un “error administrativo”.
El caso será devuelto a tribunales inferiores para una mayor clarificación —específicamente sobre el tema de qué constituye el poder de relaciones exteriores que la administración cita en su defensa. Este poder ya ha sido invocado en otras batallas legales del gobierno, como su intento de desmantelar la financiación de USAID, y ha sido durante mucho tiempo motivo de debate.
Las tensiones entre el poder judicial y el Ejecutivo se han intensificado en los últimos días a raíz de una serie de decisiones legales vinculadas a las órdenes ejecutivas de Trump y sus políticas migratorias. Algunos académicos consideran que el momento actual marca una auténtica crisis constitucional, una situación en la que los desacuerdos entre ramas del gobierno no encuentran solución dentro del marco institucional existente.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se negó a facilitar el regreso, diciendo: “¿Cómo voy a introducir a un terrorista a EE. UU.?” Abrego García llegó al país en 2011 huyendo de la violencia; sus abogados afirman que es inocente, mientras que el gobierno lo vincula con la MS-13. Un juez ya había ordenado que no fuera deportado a El Salvador, pero su expulsión ocurrió por un “error administrativo”.
Con Bukele negándose a aceptar su retorno y funcionarios estadounidenses alegando que no pueden ejecutar su regreso ahora que ya no está bajo custodia en EE. UU., la situación parece —para algunos— un callejón sin salida.
El experto legal Dan Urman señala que el gobierno podría estar demorando deliberadamente su respuesta, lo que podría aumentar una posible crisis constitucional si ignoran las órdenes judiciales. La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sigue creciendo.
