A menos de cuatro semanas de la fecha límite, el Congreso enfrenta una intensa batalla para aprobar medidas que eviten un cierre del gobierno a finales de septiembre. El desafío no solo radica en mantener abierto el gobierno federal, sino también en navegar las profundas divisiones partidistas que han vuelto a dominar las negociaciones.
Los legisladores han regresado a Washington en medio de un clima de creciente tensión. La solución más probable en el corto plazo parece ser la aprobación de una resolución continua que mantenga el financiamiento a las agencias federales, aunque incluso este camino enfrenta obstáculos. El Senado requiere superar el umbral de 60 votos, lo que implica la cooperación entre ambos partidos, pero los demócratas muestran poca disposición a facilitar ese avance sin obtener concesiones.
La situación se complica a medida que se acerca el año electoral de 2026. Los demócratas parecen determinados a presionar sobre las políticas más emblemáticas de la administración de Donald Trump, en particular las reducciones a Medicaid incluidas en su paquete legislativo central, conocido como la One, Big, Beautiful Bill Act. A cambio de los votos necesarios para aprobar una medida temporal, exigen revertir esos recortes.
Por su parte, los republicanos buscan evitar dar la impresión de que ceden terreno en las prioridades de Trump, lo que ha generado un punto muerto en las conversaciones. La Casa Blanca defiende el paquete como un logro clave del segundo mandato presidencial y rechaza cualquier intento de modificarlo.
El panorama se complicó aún más con el anuncio de Trump y del director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, quienes propusieron recuperar casi 5.000 millones de dólares de fondos de ayuda exterior previamente aprobados por el Congreso mediante un inusual paquete de rescisión. La medida generó críticas tanto de demócratas como de algunos republicanos, quienes advierten que esta decisión de último momento amenaza con descarrilar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo.
De no aprobarse resoluciones de financiamiento a corto plazo, el Congreso tendría que negociar y aprobar una docena de proyectos de gasto completos antes de fin de mes, una tarea prácticamente imposible. Mientras tanto, el riesgo de un cierre del gobierno aumenta, con consecuencias políticas y económicas significativas.
