El pasado 8 de septiembre de 2025 marca una fecha decisiva para miles de hondureños que han vivido bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. El TPS fue otorgado a ciudadanos de Honduras en enero de 1999 tras el devastador impacto del huracán Mitch, que causó destrucción masiva, desplazamientos internos, pérdidas de vidas y daños muy fuertes en la infraestructura.
Según el DHS, la decisión de cancelar la designación de TPS para Honduras se debe a que las condiciones en el país han supuestamente mejorado suficiente como para que ya no cumpla con los criterios legales que justifican esta protección. Se estima que decenas de miles de personas hondureñas con TPS se verán afectadas. Muchos han vivido en EE.UU. por décadas, con trabajo, familias establecidas y vínculos comunitarios profundos.
Grupos de derechos humanos y organizaciones de inmigrantes han criticado la medida, argumentando que aún persisten condiciones adversas en Honduras, como pobreza, inseguridad, limitaciones en servicios básicos, que no garantizan un retorno seguro para muchas personas. Desde el gobierno hondureño se ha señalado que continuarán apoyando a sus ciudadanos afectados. También hay preocupación en comunidades en EE.UU. sobre lo que sucederá después de que expire el TPS: si habrá deportaciones masivas, cuáles serán los costos emocionales, sociales y económicos.
El fin del TPS para Honduras representa un cambio profundo para miles de personas que han construido gran parte de sus vidas bajo este estatus. Aunque el gobierno de EE.UU. argumenta que las condiciones han mejorado, la medida deja muchas incertidumbres sobre la seguridad, el acceso a derechos y la estabilidad de quienes ahora perderán una protección legal. En los próximos meses, será crucial el papel de los tribunales, los abogados de inmigración y las organizaciones de apoyo para mitigar los impactos negativos.
En contraste, el 5 de septiembre, una jueza federal en California dictaminó que el intento de la Administración Trump de poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de migrantes venezolanos y haitianos era ilegal. El Secretario de Seguridad Nacional puede designar a un país extranjero para TPS debido a condiciones en dicho país que impiden temporalmente el regreso seguro de sus nacionales o, en ciertas circunstancias, cuando el país no puede manejar adecuadamente el retorno de sus ciudadanos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) puede otorgar TPS a los nacionales elegibles de ciertos países (o partes de países) que ya se encuentren en Estados Unidos. Las personas elegibles sin nacionalidad que hayan residido por última vez en el país designado también pueden recibir TPS.
