La administración Trump ha suspendido abruptamente la ayuda legal para los niños inmigrantes no acompañados, ordenando a los abogados financiados por el gobierno que detuvieran inmediatamente su trabajo.
Esta medida ha sido calificada por los defensores como alarmante y peligrosa, ya que quitar fondos a menores vulnerables pone en riesgo a niños que ya se encuentran expuestos a abusos y explotación.
Organizaciones como Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y el Florence Immigrant & Refugee Rights Project confirmaron que la orden fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional. Defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su consternación, señalando que la eliminación de los programas legales dejará a miles de menores, que ya enfrentan graves vulnerabilidades, sin la representación legal necesaria para proteger sus derechos.
A pesar de la orden de suspender todos los servicios legales, ImmDef ha anunciado que continuará trabajando en defensa de sus clientes, subrayando su compromiso profesional y ético con los menores a quienes representan. Muchos de los niños afectados están bajo la custodia del gobierno después de haber llegado a la frontera sin sus padres, lo que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
Roxana Ávila-Cimpeanu, del Florence Immigrant & Refugee Rights Project, calificó la medida como “un ataque sin precedentes a los niños inmigrantes”. Ella advirtió que la suspensión de los servicios pondrá en grave riesgo la seguridad y los derechos de los menores. Cabe recordar que la administración Trump había implementado una medida similar para los adultos migrantes, pero el Departamento de Justicia restauró los fondos para esos programas a principios de febrero, después de que las organizaciones interpusieron una demanda por los recortes.
Esta decisión representa un retroceso en la protección de los derechos de los niños inmigrantes, exponiéndolos a un mayor riesgo de abuso y explotación. Los defensores temen que la falta de representación legal aumente la probabilidad de que los menores sean deportados o enviados a situaciones de peligro sin la debida consideración de su bienestar.
