Source: Politico
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el miércoles que la administración Trump revocó una decisión que hubiera protegido a 600,000 Venezolanos de la deportación, poniendo a muchos en riesgo de ser expulsados en dos meses. Noem firmó una notificación que revoca una medida de su predecesor, Alejandro Mayorkas, que extendía el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, una decisión tomada al final de la administración de Biden.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) permite a las personas residir legalmente en los Estados Unidos, pero no ofrece un camino directo a la ciudadanía. Los beneficiarios dependen de que el gobierno renueve su estatus cuando expire. Los críticos señalan que, con el tiempo, la renovación del TPS se ha vuelto automática, independientemente de la situación en el país de origen de la persona.
Bajo la administración de Biden, la protección para los Venezolanos se extendió hasta octubre de 2026, pero ahora se revertirá a dos designaciones separadas: una que expira en abril y otra en septiembre de 2025. Si no se renuevan, los Venezolanos perderían su derecho a trabajar en EE.UU. y podrían ser deportados.
Desde 2013, más de 7.7 millones Venezolanos han huido de su país, buscando refugio en Latino América y, en mayor medida después de la pandemia, en los EE. UU. La decisión de la administración Trump incrementa la incertidumbre sobre su futuro en el país y podría afectar las relaciones internacionales de EE. UU. con Venezuela y otros países de la región. Es importante destacar que EE.UU. no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, y limita las opciones de deportación.
Trump ha anunciado planes para utilizar una instalación de detención de migrantes en la base naval de Guantánamo Bay, para albergar hasta 30,000 migrantes criminales deportados desde Estados Unidos. La instalación, que ha estado mayormente sin uso durante años, se destinaría a albergar a “aliens criminales de alta prioridad” temporalmente antes de ser deportados a sus países de origen. Sin embargo, la administración no ha definido cuánto tiempo duraría ese “tránsito temporal”.
Trump enfatizó que no se trataría de la prisión militar en Guantánamo, donde se encuentran detenidos presuntos terroristas, sino de un área separada dentro de la base naval. Los críticos han expresado preocupaciones sobre el estado deteriorado de la instalación y la posible existencia de condiciones de vida subestándares. El plan requeriría cambios significativos en la infraestructura y financiamiento, aunque la administración no ha especificado los costos.
La propuesta ha generado controversia, con algunos cuestionando la legalidad de utilizar Guantánamo para estos fines y el impacto general en los derechos humanos.
