Una nueva ley en Carolina del Norte ha encendido alarmas entre defensores de derechos civiles y comunidades inmigrantes. El Proyecto de Ley de la Cámara 318, también conocida como la “Ley de Ejecución Criminal de Inmigrantes Ilegales”, entró en vigor esta semana y obliga a los alguaciles del estado a colaborar más estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre sus disposiciones, exige que los alguaciles retengan a personas indocumentadas por 48 horas adicionales después de su liberación y que notifiquen a ICE. El gobernador Josh Stein vetó la medida por considerarla inconstitucional, pero la Asamblea General, controlada por republicanos, anuló el veto en julio. Quienes se oponen a HB 318 argumentan que la ley viola derechos fundamentales y socava la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales. Obligar a los alguaciles a detener a personas que no han sido condenadas va en contra del principio de presunción de inocencia y podría constituir una detención ilegal. Organizaciones como la ACLU de Carolina del Norte señalan que la medida convierte a las cárceles locales en extensiones del sistema federal de deportación, y que esta cooperación forzada podría exponer a los condados a demandas costosas por violaciones de derechos civiles.
El aumento de la cooperación entre autoridades locales e ICE también reactivó preocupaciones sobre abusos de poder dentro de la agencia federal. En el último año, ICE ha sido acusado de detenciones arbitrarias, maltrato en centros de detención y falsas deportaciones de personas con casos pendientes o sin antecedentes criminales. Informes de organizaciones como Human Rights Watch y Freedom for Immigrants han documentado patrones de abuso, negligencia médica y uso excesivo de la fuerza. Para muchos defensores, HB 318 no solo legitima estas prácticas, sino que amplía su alcance al nivel local, convirtiendo a Carolina del Norte en un terreno fértil para nuevas violaciones de derechos humanos bajo el pretexto de “seguridad pública”.
En un estado donde miles de familias inmigrantes forman parte esencial del tejido social y económico, esta ley marca un preocupante retroceso. Más allá del debate político, HB 318 representa una amenaza directa a los derechos humanos y a la confianza entre las comunidades y las autoridades. Si Carolina del Norte realmente busca seguridad y justicia, no puede hacerlo a costa de la dignidad y el respeto de quienes la llaman hogar.
