El operativo migratorio realizado por agentes de ICE el domingo en Wilson Creek no terminó cuando los oficiales abandonaron el lugar. Desde entonces, líderes comunitarios del oeste de Carolina del Norte se han movilizado para localizar a las personas detenidas, apoyar a sus familias y exigir respuestas a las autoridades.
“Nos estamos organizando, planeando, y vamos a seguir luchando y exigiendo respuestas. No vamos a dejar de presionar al sheriff porque no vamos a guardar silencio y no les tenemos miedo”, declaró Ginny Romero, directora ejecutiva del Latino Center, con sede en Hickory. Tras el operativo, Romero explicó las acciones que la comunidad ha emprendido y los próximos pasos para exigir transparencia.
Romero se enteró del operativo el domingo a través de otro líder comunitario, cuando comenzaron a llegar reportes de lo que estaba ocurriendo en la zona recreativa de Wilson Creek. Cuando llegó, el operativo ya había concluido. Desde entonces, ha dedicado sus esfuerzos a localizar a las personas detenidas, acompañar a sus familias y solicitar información a las autoridades. El Latino Center brinda servicios principalmente en los condados de Catawba, Caldwell, Burke y Alexander, además de apoyar de manera informal a familias del condado de Lincoln.
Varios días después del operativo, realizado el domingo 26 de julio, la comunidad continúa sin acceso a información básica. Ni ICE ni la Oficina del Sheriff del Condado de Caldwell han dado a conocer los nombres de las personas detenidas, sus edades, cuántas fueron arrestadas con antecedentes penales o en qué circunstancias ocurrieron las detenciones.
El Latino Center trabaja con recursos limitados. Hasta ahora, la organización únicamente ha logrado establecer contacto con tres de las familias afectadas, explicó Romero. Por su parte, una organización de apoyo a inmigrantes del oeste del estado confirmó que mantiene comunicación con algunas familias, aunque los casos ya fueron canalizados para recibir asistencia legal. Asimismo, Siembra NC informó que está colaborando con organizaciones locales, iglesias y familias impactadas, mientras continúa organizando la respuesta comunitaria.
La poca información disponible ha provenido de las propias familias. “Sabemos que una pareja fue detenida y estamos tratando de apoyar a sus hijos”, explicó Romero. También mencionó el caso de una familia originaria de Greensboro que se encontraba de visita en el río cuando ocurrió el operativo, aunque aclaró que todavía desconoce todos los detalles.
No es la primera vez que un operativo de este tipo provoca la separación de familias. Entre los casos documentados se encuentra el de un hombre detenido durante el operativo mientras se encontraba acompañado de su pareja y sus hijos de 4 y 10 años. Romero considera que el silencio de las autoridades es deliberado.
Romero aprovechó su intervención para dejar constancia pública de las preguntas que, asegura, siguen sin respuesta. Quiere saber cuántas de las personas detenidas tenían antecedentes penales, si alguna contaba con una orden de arresto pendiente, cuántos menores resultaron afectados y cuántas familias fueron separadas.
El Condado de Caldwell mantiene un acuerdo de colaboración con ICE a través del programa 287(g), que permite que ciertas agencias locales colaboren con ICE en funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias mediante acuerdos autorizados por el gobierno federal. Por ello, la comunidad exige mayor transparencia sobre cómo funciona esa colaboración.
Posteriormente tomó la palabra Sandra Salazar, líder comunitaria de Morganton, quien se encontraba en Wilson Creek el domingo junto con su familia. “Estoy aquí como una ciudadana preocupada, no solo por mí y por mi familia, sino por toda la comunidad inmigrante”, expresó. Salazar explicó que ha visitado Wilson Creek durante más de 25 años y que siempre lo consideró un lugar seguro. “He venido a Wilson Creek por más de 25 años y siempre me sentí segura, hasta ayer”, afirmó.
Añadió que el operativo no sólo sembró miedo entre las familias inmigrantes, sino que también limitó el acceso a un espacio público que por décadas ha servido como punto de recreación para comunidades de distintos condados. En un lugar con senderos empinados y corrientes de agua rápidas, el pánico puede tener consecuencias graves, advirtió .“Le dimos al sheriff la oportunidad de dar la cara y hablar con nosotros. Se negó. Por eso estamos aquí para presentar una queja formal.
El Latino Center planea asistir a todas las reuniones de la Junta de Comisionados y de los concejos municipales donde sea posible mantener la presión pública. “Vamos a estar presentes. Y si nosotros no podemos asistir, nos aseguraremos de que haya personas que representen a nuestra comunidad”, dijo Romero. Además, la organización analiza emprender acciones legales para obtener la información mediante solicitudes de acceso a registros públicos. Mientras tanto, la comunidad mantiene un mensaje claro: no guardará silencio.
