La Corte Suprema de Carolina del Norte continúa sin emitir un fallo en la histórica demanda Leandro sobre el financiamiento de las escuelas públicas, dejando el caso en el limbo más de 660 días después de que se escucharan los alegatos orales. La demora es inusual y se produce pese a que el tribunal ya publicó sus decisiones finales del año sin incluir este caso clave, que podría definir el futuro de la educación pública en el estado.
La demanda Leandro se remonta a 1994, cuando varios condados de bajos ingresos demandaron al estado por no cumplir con su obligación constitucional de garantizar a todos los estudiantes una educación básica sólida. Desde entonces, el caso ha pasado por múltiples instancias judiciales y ha regresado en varias ocasiones a la Corte Suprema estatal.
Las audiencias más recientes se originaron en 2021, cuando un juez de la Corte Superior aprobó un plan de conciliación que ordenaba a la legislatura destinar 5,600 millones de dólares adicionales para fortalecer el sistema de educación pública. Aunque legisladores republicanos cuestionaron la autoridad de los tribunales para ordenar ese gasto, en 2022 la Corte Suprema, entonces con mayoría demócrata, determinó que sí podían hacerlo.
Tras un cambio en la composición del tribunal, con una nueva mayoría republicana, el desembolso de los fondos fue bloqueado y el caso volvió a presentarse ante la Corte en 2024. Hasta ahora, no se ha emitido una decisión. Defensores de la educación pública aseguran que la falta de resolución prolonga la incertidumbre para escuelas, estudiantes y comunidades, y refuerza una tendencia hacia la privatización del sistema educativo.
El impacto potencial de un fallo favorable a Leandro sería significativo, ya que permitiría aumentar el financiamiento por estudiante y reforzar servicios esenciales como asistentes de maestros, enfermeras, consejeros, psicólogos y apoyos para estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés y jóvenes en situación de riesgo. Por su parte, líderes republicanos sostienen que el financiamiento educativo debe seguir a los estudiantes y respaldar a las familias que buscan distintas opciones educativas.
Mientras tanto, la matrícula en las escuelas públicas del estado continúa cambiando, con descensos en distritos tradicionales y un crecimiento notable en escuelas chárter y programas de vales para educación privada, una tendencia que añade urgencia al desenlace del caso Leandro.
