Una disposición incluida en el nuevo presupuesto de Carolina del Norte reducirá significativamente el financiamiento para organizaciones que brindan asistencia legal gratuita a personas de bajos ingresos que enfrentan desalojos, violencia doméstica y otros problemas legales.
La medida impide que el Colegio de Abogados de Carolina del Norte continúe distribuyendo fondos del programa Interest on Lawyers’ Trust Accounts (IOLTA) a organizaciones de asistencia legal civil. Para Legal Aid of North Carolina, la organización más grande de este tipo en el estado, el cambio representa una pérdida de aproximadamente 6 millones de dólares al año.
Los legisladores republicanos no ofrecieron una explicación detallada de la decisión antes de aprobar el presupuesto. Tras la votación, el presidente del Senado estatal, Phil Berger, dijo que las organizaciones afectadas pueden buscar otras fuentes de financiamiento.
Legal Aid ofrece representación gratuita a personas que no pueden pagar un abogado en casos civiles, ya que la Constitución de Estados Unidos solo garantiza defensa legal en procesos penales. La organización ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica, personas que enfrentan un desalojo, adultos mayores víctimas de fraude y sobrevivientes de trata de personas, entre otros.
Meses atrás, la Asamblea General ya había congelado estos recursos, obligando a Legal Aid a despedir personal y cerrar ocho oficinas. Con el nuevo presupuesto, ese recorte se vuelve permanente.
Según su informe anual, Legal Aid atendió más de 25,000 casos en 2025. Cerca del 80 % de sus clientes fueron mujeres, y la mayoría de los casos estuvieron relacionados con violencia doméstica, vivienda y trata de personas.
Los fondos provienen del programa IOLTA, que administra los intereses generados por cuentas fiduciarias donde los abogados mantienen temporalmente dinero de sus clientes. Estos recursos no provienen de los contribuyentes y durante décadas se han utilizado para financiar organizaciones que amplían el acceso a la justicia.
Con el nuevo presupuesto, el dinero de IOLTA será destinado principalmente al sistema de defensa pública para personas acusadas de delitos que no pueden pagar un abogado. Además, las organizaciones que trabajen en casos relacionados con inmigración o personas transgénero no podrán recibir esos fondos.
Ashley Campbell, directora ejecutiva de Legal Aid, rechazó las críticas de legisladores republicanos que afirman que el programa beneficia a organizaciones con agendas políticas. Señaló que Legal Aid no realiza actividades de cabildeo y que su trabajo con inmigrantes se centra en casos de trata de personas. La directora del programa IOLTA, Mary Irvine, advirtió que la medida representa un retroceso de décadas para el acceso a la justicia en Carolina del Norte y afectará a decenas de miles de personas que dependen de asistencia legal civil.
Los críticos también señalan que el presupuesto elimina recursos para organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica a obtener órdenes de protección, mientras redirige esos fondos al sistema de defensa pública que financia abogados para personas acusadas de delitos que no pueden pagar representación legal.
