En una reunión celebrada el 21 de mayo en la sede de ICE en Washington, el principal asesor del presidente Trump, Stephen Miller, y la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyeron a los oficiales de inmigración a aumentar los arrestos diarios a 3,000, triplicando la cifra alcanzada en los primeros meses del mandato de Trump. Este objetivo forma parte de un esfuerzo por ejecutar la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
La presión sobre los agentes de ICE se intensifica en un momento en que los cruces fronterizos han disminuido en los primeros cuatro meses del gobierno de Trump. Esto indica un enfoque cada vez más agresivo en la realización de arrestos en comunidades no fronterizas a nivel nacional.
Esta estrategia coincide con la reciente intensificación de las redadas de ICE en el área de Charlotte y Concord, Carolina del Norte. En mayo, se registraron múltiples operativos en estas localidades, lo que ha generado preocupación entre la comunidad inmigrante. Organizaciones locales han lanzado líneas de emergencia y advertencias para alertar a los residentes sobre posibles redadas en áreas como la intersección de Poplar Tent Road y Concord Parkway .
El aumento de las detenciones ha llevado a que ICE tenga actualmente a casi 49,000 personas bajo custodia, cifra que supera significativamente los límites de financiamiento establecidos por el Congreso. Además, el Congreso está trabajando en proporcionar $147 mil millones adicionales en fondos para inmigración durante los próximos 10 años, como parte de la legislación conocida como el “Big Beautiful Bill”, que fue aprobada por la Cámara de Representantes la semana pasada.
Sin embargo, esta expansión de las operaciones de ICE ha generado críticas por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes. Se ha señalado que estas tácticas podrían llevar a detenciones y deportaciones erróneas de ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
La comunidad inmigrante en Carolina del Norte se enfrenta a un panorama incierto, con un aumento de las redadas y una presión creciente sobre los agentes de ICE para cumplir con objetivos más ambiciosos. Organizaciones locales continúan brindando apoyo y recursos a los afectados, mientras que se mantiene el debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos.
