Un juez federal evaluará esta semana si Donald Trump abusó de su poder presidencial al desplegar tropas militares en ciudades estadounidenses para imponer control político y reforzar su agenda. El caso, presentado por el estado de California, se centra en el uso de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles tras protestas contra redadas migratorias en junio. Sin embargo, la preocupación por el autoritarismo de Trump va más allá del estado: también ha asumido el control de la policía de Washington D.C. y desplegado la Guardia Nacional en la capital del país.
En Los Ángeles, la administración Trump federalizó a miles de miembros de la Guardia Nacional de California y los envió a la ciudad, ignorando la oposición del gobernador Gavin Newsom y autoridades locales. Las protestas comenzaron el 7 de junio tras arrestos realizados por agentes de inmigración en múltiples lugares. Las tropas acompañaron redadas, protegieron edificios federales y operaron en zonas agrícolas, mientras comunidades latinas vivían bajo temor. Ahora, California exige que se devuelva el control de las tropas al estado y que se prohíba al gobierno federal utilizar militares para funciones de aplicación de la ley civil, lo cual viola la Ley Posse Comitatus de 1878. Esta ley limita el uso del ejército como fuerza policial dentro del país y protege el equilibrio entre gobiernos estatales y el poder federal.
Esta misma semana, anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y la toma directa del control del Departamento de Policía Metropolitana, alegando preocupaciones por el crimen, a pesar de que las cifras oficiales muestran una baja en los índices delictivos. Este movimiento ha sido ampliamente criticado como un intento de imponer autoridad federal en una ciudad que ya cuenta con su propio gobierno electo.
Trump justificó estas acciones bajo una cláusula legal (Sección 12406 del Título 10) que permite federalizar la Guardia Nacional en casos extremos como invasiones o rebeliones. Sin embargo, el juez Breyer, es un juez federal del Distrito Norte de California, ya indicó que las protestas en Los Ángeles “están muy lejos de constituir una rebelión”, lo que debilita la base legal de la administración.
Este caso podría sentar un precedente fundamental: ¿Puede un presidente utilizar al ejército para hacer cumplir su voluntad política dentro del país, aun en contra de los gobiernos estatales y locales? El juicio iniciará la próxima semana en San Francisco y será observado de cerca por defensores de derechos civiles, líderes comunitarios y autoridades locales en todo el país. Lo que está en juego no es solo la autoridad de un expresidente, sino la protección de los límites democráticos frente al autoritarismo.
