Cooper Veto Once Again Blocks Radical, Right-Wing Legislation

Source: Associated Press

Following the latest state legislative session, Gov. Roy Cooper vetoed four extreme Republican-backed bills. The bills include a proposal that would force sheriffs to aid ICE, one that would make it easier to obtain a gun, a bill that would give the Republican-led legislature control over appointing board of education trustees, and a flawed child advocacy center bill.

So far, the governor’s veto power has held off radical Republican-backed measures, including restrictions on abortions, voting restrictions, the criminalization of peaceful protest, and censoring teachers from educating students on the truth of our history, among others.

The governor’s power to block misguided laws is an invaluable part of the checks and balances built into our state government. Without this vital check on radical lawmakers, the rising MAGA faction inside our state will be able to pass dangerous and discriminatory laws.

The upcoming midterm election will be crucial to prevent a partisan super-majority in the General Assembly. A super-majority would remove the power of the veto to keep a check on extremist lawmakers and protect against the erasure of fundamental rights such as voting rights, reproductive freedom and civil rights.

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Los nuevos planes presupuestarios propuestos por los republicanos en el Congreso incluyen recortes fiscales significativos para los estadounidenses más ricos. En particular, buscan extender las disposiciones sobre el impuesto sobre la renta individual y el impuesto sobre el patrimonio de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., estos recortes costarían cerca de 4,2 billones de dólares en la próxima década, con casi el 60 por ciento de esos recortes beneficiando al 10 por ciento más rico de los contribuyentes, quienes ganan más de 228,060 dólares anuales. Mientras tanto, el 1 por ciento más rico de los ingresos vería una reducción fiscal de más de 1,24 billones de dólares, representando aproximadamente el 30 por ciento del total de los recortes fiscales.
Los planes también proponen recortar programas vitales para la clase trabajadora de Estados Unidos. Entre los recortes más grandes se encuentran Medicaid, que aseguraría una reducción de 880 mil millones de dólares, afectando a 72 millones de personas, y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, con un recorte de 230 mil millones de dólares que afectaría a 42 millones de personas. Estos recortes expulsarían a millones de estadounidenses de estos programas esenciales, dejando a los más vulnerables sin apoyo. Los recortes a Medicaid y el programa de nutrición podrían ser equivalentes al total de los recortes fiscales para el 1 por ciento más rico.
Además, los republicanos planean reducir políticas fiscales que benefician a la clase trabajadora. Esto incluye detener el desarrollo de tecnologías de energía limpia y eficiencia energética, que ayudaron a millones de familias a ahorrar en facturas de energía. Derogar estas inversiones podría aumentar el precio de la electricidad en un 10 por ciento y la gasolina en más de 20 centavos por galón. También se están considerando recortes en créditos fiscales para las familias trabajadoras, como la eliminación del crédito por cuidado de niños y dependientes, la reducción del límite de deducción por intereses hipotecarios, y la eliminación de créditos fiscales para gastos educativos.
Además de los recortes fiscales y programas, los republicanos del Congreso están dispuestos a aumentar la deuda nacional en 2,8 billones de dólares debido a los recortes fiscales para los más ricos. Esto generaría un aumento en los déficits y los costos de endeudamiento, lo que a su vez afectaría a los consumidores con tasas de interés más altas en préstamos, como hipotecas y créditos. Los estadounidenses ya enfrentan el costo de la vida, por lo que recortar programas esenciales y otorgar billones en recortes fiscales para los más ricos es injusto e impopular. Esta estrategia no solo perjudica a la clase trabajadora, sino que también beneficia a quienes están mejor posicionados para afrontar los gastos de su día a día, aumentando aún más la desigualdad económica en el país.

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