En plena temporada de huracanes, la administración Trump ha ordenado que decenas de empleados de FEMA, la agencia federal encargada de responder a desastres naturales, sean transferidos temporalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tendrán que ayudar en la contratación de hasta 10,000 nuevos agentes encapuchados como parte de una ofensiva nacional de deportaciones masivas liderada por Stephen Miller, uno de los ideólogos más radicales sobre inmigración en la administración Trump.
La medida ha generado preocupación dentro y fuera del gobierno, ya que FEMA opera con personal reducido tras recortes previos. Actualmente, la agencia enfrenta múltiples crisis activas, incluyendo las devastadoras inundaciones en Texas que causaron más de 120 muertes, y la amenaza de una temporada de huracanes que podría dejar hasta diez tormentas importantes antes de noviembre.
Mientras tanto, FEMA ha tenido dificultades para responder a emergencias recientes, debido a despidos de contratistas clave y retrasos en la renovación de contratos, lo que ha afectado su capacidad de atención ante desastres.
A pesar de estos desafíos, la administración continúa desviando recursos hacia políticas migratorias, incluyendo la financiación de centros de detención estatales con historial de abusos. Todo esto ocurre mientras miles de trabajadores inmigrantes, quienes históricamente han sido esenciales para la recuperación tras catástrofes, enfrentan ahora el riesgo de ser detenidos o deportados. Sabemos por experiencias pasadas que los mismos trabajadores inmigrantes que hoy están siendo perseguidos para su detención y deportación masiva han sido fundamentales en los esfuerzos de recuperación tras desastres. De hecho, su contribución ha sido tan crucial que en Nueva Orleans existe una estatua en honor a los trabajadores latinos que ayudaron a reconstruir la ciudad después del huracán Katrina.
Este uso político de FEMA no solo debilita la respuesta federal ante emergencias, sino que pone en peligro directo a millones de personas, en particular a comunidades latinas que suelen ser las más vulnerables ante fenómenos climáticos extremos.
