El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, defendió ante la Corte Suprema estatal su autoridad para continuar una demanda contra Chemours y DuPont por décadas de contaminación con sustancias químicas PFAS, conocidas como “químicos eternos”.
La demanda busca responsabilizar a las empresas por la contaminación presuntamente causada por las operaciones de la planta Fayetteville Works, ubicada cerca del río Cape Fear. Según la oficina del fiscal general, las sustancias PFAS se han propagado por el aire, las aguas subterráneas y el río, afectando los recursos naturales y a comunidades del sureste de Carolina del Norte.
Los abogados de Jackson argumentan que el estado tiene derecho a buscar compensación por los daños causados a sus recursos naturales, independientemente de las demandas privadas presentadas por residentes afectados.
“Este no es un caso común de contaminación”, argumentó la oficina del fiscal general, señalando que las PFAS son sustancias altamente persistentes que se han relacionado con problemas graves de salud.
Chemours y DuPont, sin embargo, sostienen que el estado ya resolvió una demanda anterior relacionada con la contaminación mediante un acuerdo con el Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte. Las empresas argumentan que permitir una segunda demanda podría resultar en sanciones económicas duplicadas.
El caso también plantea una importante pregunta legal sobre la autoridad del fiscal general para presentar demandas ambientales en nombre del estado cuando una agencia estatal ya ha tomado medidas legales sobre el mismo asunto.
Una corte inferior determinó en 2025 que Jackson podía continuar con la demanda, pero la Corte Suprema de Carolina del Norte suspendió temporalmente el caso mientras revisa la apelación de las empresas.
Los argumentos orales ante la Corte Suprema están programados para el 15 de septiembre. La decisión podría tener importantes consecuencias para la capacidad del estado de responsabilizar a las empresas por daños ambientales y proteger los recursos naturales de Carolina del Norte.
En noviembre, los votantes de Carolina del Norte tendrán el poder de elegir entre la jueza Anita Earls, quien ha dedicado su carrera a defender los derechos y las libertades de las y los habitantes de Carolina del Norte, o Sarah Stevens, quien forma parte de los esfuerzos de Newby por politizar la corte y tiene un historial de defender a depredadores y de darle la espalda a las y los habitantes de Carolina del Norte.
