Una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podría transformar el panorama político del país y reabrir una intensa batalla sobre cómo se trazan los distritos electorales. El fallo, emitido en el caso Louisiana v. Callais, limita de manera significativa el alcance de la histórica Ley de Derechos Electorales de 1965 y podría facilitar que varios estados rediseñen sus mapas electorales antes de las próximas elecciones.
La Corte Suprema falló 6-3 a favor de los demandantes y concluyó que el mapa de Louisiana violaba la Constitución porque consideró la raza como un factor predominante al dibujar los distritos. La mayoría conservadora sostuvo que la Ley de Derechos Electorales no obligaba al estado a crear un segundo distrito de mayoría minoritaria y que, por lo tanto, no existía una justificación suficiente para tomar en cuenta criterios raciales.
La decisión afecta directamente la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, una disposición clave utilizada durante décadas para combatir prácticas que diluyen el poder político de comunidades afroamericanas, latinas y otras minorías. Desde los años ochenta, esta sección había permitido impugnar mapas electorales que reducían la capacidad de las minorías de elegir a sus candidatos preferidos.
Ahora, bajo el nuevo criterio de la Corte, quienes desafíen mapas electorales deberán demostrar que existió una intención deliberada de discriminar racialmente, un estándar mucho más difícil de probar. Críticos del fallo, incluyendo las juezas liberales de la Corte, advierten que esto prácticamente deja sin efecto las protecciones que ofrecía la Sección 2.
La jueza Elena Kagan escribió en su disenso que la decisión permitirá a los estados “diluir sistemáticamente el poder electoral de las minorías sin consecuencias legales”. Expertos señalan que esto podría provocar una reducción histórica en la representación afroamericana en el Congreso.
El impacto podría sentirse muy rponto. En Louisiana, el gobernador republicano Jeff Landry anunció que el estado podría suspender temporalmente sus elecciones primarias para redibujar el mapa congresional y eliminar el segundo distrito de mayoría afroamericana. Otros estados controlados por republicanos, como Florida, Georgia y Tennessee, también consideran aprobar nuevos mapas que podrían favorecer políticamente al Partido Republicano.
El término “gerrymandering” se refiere a la manipulación de distritos electorales para beneficiar a un partido político, perjudicar a ciertos grupos de votantes o proteger a determinados candidatos. Aunque históricamente el debate ha incluido dimensiones raciales y partidistas, la Corte Suprema ya había decidido en 2019 que las cortes federales no podían intervenir en casos de manipulación puramente partidista.
Debido a que muchos distritos de mayoría afroamericana en el sur son representados por demócratas, el nuevo fallo podría facilitar que legislaturas republicanas dividan esas comunidades entre varios distritos de mayoría blanca y reduzcan así la influencia electoral de votantes afroamericanos y latinos.
La decisión también reabre el debate sobre el futuro de la democracia electoral en Estados Unidos. Legisladores demócratas han pedido aprobar nuevamente la Ley John Lewis de Avance de los Derechos Electorales, diseñada para restaurar partes de la protección federal debilitadas por la Corte en los últimos años. Sin embargo, la propuesta enfrenta fuertes obstáculos políticos en el Congreso y probablemente sería vetada por el presidente Donald Trump.
Otros sectores progresistas han planteado reformas más profundas, incluyendo ampliar el número de jueces de la Corte Suprema, establecer límites de mandato para los magistrados o prohibir el rediseño de distritos electorales a mitad de década.La decisión de Louisiana v. Callais representa uno de los cambios más importantes en materia de derechos electorales en décadas y podría redefinir quién tiene poder político en Estados Unidos en las próximas elecciones y en los años por venir.
