La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte aprobó, en una votación de 3 a 2 dividida por líneas partidistas, nuevas reglas permanentes (08 NCAC 23 .0101–.0104) que utilizarán una base de datos federal poco confiable para cuestionar la elegibilidad y eliminar a votantes del registro electoral. Estas reglas, que entrarán en vigor en mayo de 2026, se aprobaron pese a la oposición de más de 15,000 comentarios públicos, múltiples organizaciones de derechos electorales y expertos legales que advirtieron que podrían dejar sin votar a miles de ciudadanos elegibles.
“Se advirtió a esta Junta de manera clara y documentada que estas reglas despojarían a ciudadanos elegibles de su derecho más fundamental,” dijo Brian Kennedy, analista senior de políticas. “Escucharon 15,000 voces —vecinos, veteranos, ciudadanos naturalizados, mujeres que han construido sus vidas en este estado— y aun así aprobaron estas reglas. Esto no es gobernar, sino un esfuerzo deliberado por quitarle a votantes elegibles su derecho al voto, justo antes de una elección con implicaciones claras para el futuro de nuestra democracia.”
Las nuevas reglas se basan en el sistema federal SAVE (Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios) como principal herramienta para cuestionar la elegibilidad de votantes, aunque la propia Junta ha reconocido anteriormente que este sistema “no es un indicador confiable de que una persona no sea ciudadana estadounidense.” En Missouri, 70 funcionarios electorales advirtieron que el sistema SAVE es defectuoso y frecuentemente incluye a “personas que sabemos son ciudadanos estadounidenses —nuestros vecinos, colegas e incluso votantes que hemos registrado personalmente en ceremonias de naturalización.”
“Establecer estas reglas basadas en un sistema federal poco confiable en medio de un proceso electoral podría privar a votantes elegibles, particularmente ciudadanos naturalizados de origen latino, de su derecho al voto en Carolina del Norte,” afirmó Veronica Aguilar, directora de comunicaciones de El Pueblo. “Esto socava la integridad y la transparencia de nuestras elecciones y afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables.”
Además, las reglas podrían entrar en conflicto con la ley federal. La Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe programas sistemáticos de eliminación de votantes dentro de los 90 días previos a una elección federal, y las nuevas reglas no incluyen esa protección. Un tribunal federal de apelaciones ha señalado que esta prohibición existe porque el riesgo de eliminar erróneamente a votantes elegibles es mayor justo antes de una elección, cuando hay poco tiempo para corregir el registro.
Más de 2.3 millones de mujeres en Carolina del Norte que han cambiado su nombre podrían no contar con documentos de ciudadanía que coincidan con su información vigente. Asimismo, las personas que adquirieron la ciudadanía a través de la naturalización de sus padres podrían no contar con documentación propia, y obtener un Certificado de Ciudadanía puede costar hasta $1,385 y tardar cerca de tres meses. Votantes en zonas rurales podrían no recibir notificaciones debido a problemas postales, y dichas notificaciones se emitirán únicamente en inglés. Bajo la Sección .0104(c)(5), no presentarse a una audiencia —incluso si el votante nunca recibió aviso— puede considerarse como prueba de no ciudadanía, lo que puede llevar a la eliminación permanente del registro sin verificación independiente.
“Según la Sección .0104(c)(5), un votante puede ser eliminado permanentemente simplemente por no asistir a una audiencia, sin necesidad de verificación adicional,” señaló Kennedy. “En 2016, esta Junta requería confirmación antes de eliminar a cualquier persona, y ese estándar ya no existe. Lo que ha cambiado no es la ley, sino la disposición para hacerla cumplir.”
Democracy North Carolina es una organización estatal no partidista que utiliza investigación, organización comunitaria y defensa para aumentar la participación cívica, reducir la influencia del dinero en la política y eliminar barreras sistémicas para votar y ocupar cargos públicos. Por su parte, El Pueblo trabaja para construir poder colectivo a través del desarrollo de liderazgo, la organización y la acción directa, con el objetivo de que la comunidad latinoamericana y otras comunidades marginadas puedan controlar sus propias historias y destinos.
