Pérdidas y un regreso lento para los trabajadores de la construcción tras operativo migratorio en Carolina del Norte

Tras el inicio de un operativo de la Patrulla Fronteriza en Charlotte, muchos trabajadores de la construcción dejaron de asistir a sus empleos por temor a ser detenidos y deportados. Un plomero que ha vivido en Estados Unidos durante 25 años decidió no salir de su casa por semanas. “Tenemos que escondernos como criminales, aunque no lo somos”, dijo.

El miedo se extendió rápidamente entre comunidades inmigrantes luego del operativo federal conocido como “Charlotte’s Webb”. Aunque las autoridades afirmaron que se enfocaba en personas con órdenes de deportación pendientes, datos oficiales y testimonios indican que muchos detenidos eran trabajadores de larga trayectoria sin antecedentes penales. El Departamento de Seguridad Nacional reportó más de 425 arrestos en el área de Charlotte, y de los primeros casos revisados, solo una minoría tenía historial criminal.

La ausencia de trabajadores paralizó proyectos, retrasó contratos y golpeó a una industria que depende fuertemente de la mano de obra inmigrante. Para las familias, el impacto ha sido económico y emocional: trabajadores sobreviven con ahorros, acumulan deudas y viven con miedo constante. Hijos ciudadanos estadounidenses expresan ansiedad ante la posibilidad de que sus padres no regresen a casa.

En otras zonas del estado, algunos trabajadores continuaron laborando, pero encontraron obras casi vacías. Muchos proyectos se detuvieron porque gran parte de la fuerza laboral es latina. Estas decisiones individuales afectaron la economía en general. Contratistas reportaron pérdidas de decenas de miles de dólares y explicaron que algunos clientes buscaron otras empresas ante la falta de personal.

La construcción es clave para la economía de Carolina del Norte y genera más de 41 mil millones de dólares al año. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, uno de cada cuatro trabajadores del sector en el estado es indocumentado. Líderes del sector advirtieron que las deportaciones masivas no son la solución y que cualquier interrupción laboral elevará los costos de la vivienda y agravará la crisis de asequibilidad.

Aunque algunos sitios de construcción comienzan a reactivarse, el temor persiste. Líderes comunitarios señalan que el ambiente recuerda a los primeros meses de la pandemia y advierten que volver a la normalidad será un proceso largo, no solo en lo económico, sino también en términos de salud, seguridad y cohesión comunitaria.

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