Los legisladores republicanos de Carolina del Norte anularon esta semana varios vetos del gobernador Josh Stein, aprobando nuevas leyes que amplían la cooperación con autoridades federales de inmigración y eliminan programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en escuelas, universidades y otras instituciones públicas.
Una de las medidas más significativas, la SB 153, obliga a agencias estatales y gobiernos locales a colaborar con las operaciones de inmigración de ICE. Además, exige que las agencias que administran programas de asistencia pública verifiquen el estatus migratorio de las personas que solicitan beneficios. Las entidades que no cumplan podrían enfrentar demandas.
También fueron aprobadas las leyes SB 227 y SB 558, que restringen programas, capacitaciones y políticas DEI en escuelas públicas, colegios comunitarios y universidades estatales. Tras la votación, Stein criticó a los republicanos por priorizar temas políticos en lugar de aprobar un presupuesto estatal. “Están anulando mis vetos para borrar la diversidad que fortalece a nuestro estado y obligar a funcionarios estatales a actuar como agentes federales de inmigración”, afirmó.
Los vetos fueron anulados con una votación de 71 a 47, posible gracias a la ausencia de dos legisladores que anteriormente formaban parte de la bancada demócrata. Mientras tanto, líderes demócratas señalaron que la legislatura debería enfocarse en reducir el costo de vida y aprobar un presupuesto para las familias de Carolina del Norte. Las nuevas leyes representan una de las expansiones más importantes de las políticas antiinmigrantes y las restricciones a iniciativas de diversidad en el estado en los últimos años.
La SB 153 amplía la cooperación entre agencias estatales y gobiernos locales con ICE y exige la verificación del estatus migratorio de las personas que soliciten ciertos beneficios públicos. Las entidades que no cumplan con estas disposiciones podrían enfrentar demandas judiciales.
Otra medida, la HB 171, aún debe regresar al Senado para completar el proceso legislativo. Esta propuesta prohibiría políticas y capacitaciones DEI en agencias estatales y gobiernos locales.
