La Corte Suprema de Carolina del Norte anuló una orden emitida en 2022 que obligaba al estado a aumentar el financiamiento de las escuelas públicas, al determinar que el tribunal de inferior no tenía la autoridad para emitirla.
Con una votación dividida de 4 a 3, la Corte concluyó que las órdenes emitidas después de 2017, incluida la que requería invertir más de 1,700 millones de dólares para mejorar el sistema educativo, iban más allá del alcance original del caso.
El caso Leandro, iniciado en 1994 por familias y distritos escolares de bajos ingresos, ha sido durante décadas el centro del debate sobre la responsabilidad del estado de garantizar una “educación básica sólida” para todos los estudiantes. Aunque los tribunales reconocieron ese derecho en 1997, defensores han advertido que la falta de recursos ha impedido cumplirlo plenamente.
Esta decisión llega en un contexto en el que la Corte tiene una mayoría conservadora, lo que llevó a revisar fallos anteriores relacionados con el caso.
Las juezas en desacuerdo advirtieron que limitar el papel de los tribunales debilita la protección de los derechos educativos, mientras que otro juez disidente consideró que el caso no debía invalidarse por razones procesales.
El fallo provocó reacciones divididas. Líderes republicanos lo respaldaron, señalando que reafirma el control del poder legislativo sobre el presupuesto estatal. En cambio, el gobernador y organizaciones educativas criticaron la decisión, advirtiendo que podría profundizar las desigualdades y afectar especialmente a estudiantes de comunidades con menos recursos.Organizaciones defensoras de la educación también alertaron que la anulación de la orden podría retrasar aún más los esfuerzos para garantizar igualdad de oportunidades en las escuelas públicas del estado.
