La jueza Anita Earls defendió su derecho constitucional a la libertad de expresión ante una investigación judicial en 2023.
En agosto de 2023, la jueza asociada de la Corte Suprema de Carolina del Norte, Anita Earls, presentó una demanda federal contra la Comisión de Normas Judiciales de Carolina del Norte, argumentando que la investigación en su contra buscaba restringir su derecho constitucional a expresarse sobre asuntos de interés público. El caso puso de relieve la importancia de proteger la libertad de expresión de los jueces cuando contribuyen al debate sobre el funcionamiento del sistema judicial.
El 15 de agosto de 2023, la comisión notificó a Earls que investigaría sus declaraciones durante una entrevista publicada en junio de ese año, en la que abordó la diversidad entre los abogados que presentan argumentos ante la Corte Suprema estatal. Earls sostuvo que sus comentarios formaban parte de un esfuerzo legítimo por identificar áreas de mejora dentro del sistema legal de Carolina del Norte.
En la demanda presentada ante un tribunal federal, Earls argumentó que los intentos de investigarla y posiblemente sancionarla amenazaban las protecciones de libertad de expresión establecidas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Su postura defendía el derecho de los jueces a participar en conversaciones importantes sobre la administración de justicia sin temor a represalias disciplinarias por expresar opiniones protegidas constitucionalmente.
Según la demanda, las acciones de la comisión podían desalentar no solo a Earls, sino también a otros jueces y candidatos judiciales de expresar críticas sobre el sistema legal. La jueza sostuvo que sus declaraciones constituían expresión política protegida, eran apropiadas en el contexto de su función judicial y buscaban contribuir al mejoramiento de las instituciones judiciales del estado.
Earls solicitó una orden judicial para impedir que la comisión continuara con la investigación y tomara posibles medidas disciplinarias relacionadas con sus comentarios. También pidió que el tribunal determinara si la investigación y cualquier sanción derivada de ella vulneraban sus derechos constitucionales.
La demanda describió una serie de investigaciones que Earls consideraba prolongadas e invasivas, iniciadas a raíz de denuncias anónimas relacionadas con sus declaraciones públicas sobre el sistema judicial. Sus abogados argumentaron que el Código de Conducta Judicial de Carolina del Norte reconoce que los jueces pueden pronunciarse sobre el sistema legal y la administración de justicia, reforzando así el argumento de que sus comentarios merecían protección constitucional.
Las posibles consecuencias disciplinarias mencionadas en la demanda iban desde una carta de advertencia incorporada a su expediente permanente hasta la destitución de su cargo. Para Earls, la posibilidad de enfrentar estas sanciones por sus declaraciones planteaba preocupaciones importantes sobre la libertad de expresión y la independencia judicial.
La demanda nombró como demandados a la Comisión de Normas Judiciales y a 14 de sus integrantes. En ese momento, el juez del Tribunal de Apelaciones Chris Dillon presidía la comisión y el juez Jeffery Carpenter se desempeñaba como copresidente. Ambos eran republicanos, mientras que Earls era demócrata.
El caso surgió después de que la comisión iniciara dos investigaciones contra Earls en 2023 relacionadas con sus declaraciones públicas sobre el sistema legal y la administración de justicia. Una de ellas se centró en una entrevista publicada por Law360 el 20 de junio de 2023 bajo el título “La jueza de Carolina del Norte Anita Earls habla abiertamente sobre la diversidad”.
La entrevista respondió a un artículo publicado el 17 de mayo de 2023 en la revista de la Asociación de Abogados de Carolina del Norte, que examinaba la raza y el género de los abogados que presentan argumentos ante el máximo tribunal estatal.
Durante la entrevista, Earls abordó varias cuestiones relacionadas con la representación y la equidad dentro del sistema judicial. Entre ellas, habló sobre la decisión de la Corte Suprema estatal de disolver la Comisión de Equidad e Igualdad, la falta de asistentes judiciales pertenecientes a minorías raciales, los prejuicios implícitos que pueden afectar las interrupciones a las abogadas durante los argumentos orales y la suspensión de capacitaciones sobre equidad racial y prejuicios implícitos en los tribunales estatales.
Earls también compartió su perspectiva sobre estas experiencias desde su posición como jueza afroamericana, destacando cuestiones que consideraba relevantes para el funcionamiento de los tribunales y la administración de justicia.
