Líderes comunitarios, organizaciones de derechos civiles, funcionarios electos y personas afectadas por operativos migratorios participaron el 2 de septiembre en la Audiencia del Pueblo sobre la Aplicación de las Leyes Migratorias en Carolina del Norte, realizada en Charlotte.
La iniciativa busca documentar las consecuencias de las operaciones federales de inmigración y crear un registro que pueda servir para futuras investigaciones y acciones de rendición de cuentas. Más de 25 personas compartieron testimonios sobre el impacto de estos operativos en sus familias y comunidades. La audiencia fue privada para proteger la identidad de algunos participantes.
Charlotte se convirtió en la sexta ciudad del país en realizar una audiencia de este tipo, después de audiencias similares en Minnesota, Illinois, California y Texas. Uno de los principales objetivos fue documentar los efectos humanos, económicos y sociales de la llamada Operación Charlotte’s Web, realizada por la Patrulla Fronteriza en noviembre de 2025.
Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, explicó que los testimonios serán recopilados en un expediente que podría presentarse ante el Congreso para promover mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Marty Castro, expresidente de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, señaló que este expediente también podría servir como base para futuras investigaciones.
El impacto de la operación se extendió más allá de la comunidad inmigrante. El representante estatal Jordan López señaló efectos en familias, trabajadores, estudiantes y pequeños negocios. Mientras tanto, Liz Monterrey Duval, integrante de la junta de Charlotte-Mecklenburg Schools, reportó un ambiente de miedo y confusión en las escuelas, incluyendo un día en que más de 30,000 estudiantes estuvieron ausentes.
Stefania Arteaga, codirectora ejecutiva de Carolina Migrant Network, dijo que la línea de atención de la organización recibió más de 1,000 reportes relacionados con la operación, incluyendo arrestos, personas que buscaban a familiares detenidos y denuncias sobre falta de alimentos y atención médica.
La audiencia fue convocada por Hispanic Federation, Texas Civil Rights Project, Latino Victory Foundation, Latin American Coalition, ourBRIDGE for KIDS, Actions NC, Poder Latinx y otras organizaciones comunitarias.
