Los legisladores de Carolina del Norte avanzan una propuesta para convertir en permanente un programa piloto de la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) que utiliza lectores automáticos de placas vehiculares en carreteras estatales. El programa, que actualmente está programado para expirar en 2026, ha recibido apoyo por sus beneficios para la seguridad pública, aunque tambien ha generado preocupaciones por su impacto en la privacidad.
Los legisladores estatales aprobaron el miércoles una propuesta para hacer permanente el programa piloto que amplía el uso de cámaras lectoras de placas en las carreteras de Carolina del Norte.
Los defensores de la medida, entre ellos organizaciones de las fuerzas del orden, aseguran que el programa ha permitido resolver delitos con mayor rapidez y localizar a personas desaparecidas en distintas partes del estado.
Sin embargo, quienes se oponen advierten que la iniciativa amplía la vigilancia del gobierno y aumenta el riesgo de discriminación y de invasión a la privacidad.
Los lectores automáticos de placas registran información de los vehículos que pasan frente a una cámara. Cada registro incluye el número de la placa, así como la fecha, la hora y la ubicación donde fue detectado el vehículo.
La Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) opera este programa desde 2023, cuando la Asamblea General autorizó un proyecto piloto para instalar lectores de placas en carreteras y caminos de propiedad estatal.
El programa está programado para expirar el 1 de julio, a menos que los legisladores aprueben una extensión.
La propuesta, idnetificada como Proyecto de Ley 206 de la Cámara de Representantes (House Bill 206), permitiría que el programa continúe de forma permanente bajo la supervisión de la SBI.
El proyecto fue aprobado por un comité judicial del Senado y ahora pasará al Comité de Reglas del Senado. Para llegar al escritorio del gobernador Josh Stein, deberá ser aprobado por ambas cámaras de la Asamblea General.
Durante el periodo piloto, el sistema se ha expandido significativamente. Actualmente participan 32 agencias de seguridad pública y, hasta marzo, se habían instalado alrededor de 140 cámaras que han registrado más de 150 millones de lecturas de placas.
El programa permite que las agencias de seguridad conserven estos registros durante un máximo de 90 días. En otros estados con sistemas similares, como New Hampshire, las imágenes solo pueden almacenarse durante tres minutos, salvo que estén relacionadas con una investigación activa.
Organizaciones defensoras de las libertades civiles se oponen a la conservación prolongada de estos datos, argumentando que permite rastrear los movimientos de los conductores.
“Lo que comienza como una herramienta para encontrar personas desaparecidas o recuperar vehículos robados puede convertirse en un sistema más amplio de vigilancia, intercambio de información, monitoreo político y otros usos”, dijo Liz Barber, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU de NC), durante una audiencia del Comité Judicial del Senado.
La propuesta llega en un momento en que crece el debate nacional sobre el uso de tecnologías de vigilancia, el acceso gubernamental a datos personales y las protecciones a la privacidad.
