Varios testigos dijeron a Siembra NC que conductores latinos fueron interrogados sobre su lugar de nacimiento y que algunas personas que no pudieron presentar una identificación estatal fueron arrestadas.
Las comunidades latinas están presentes en áreas urbanas y rurales y contribuyen a la economía y al tejido social de Carolina del Norte a través de una amplia variedad de trabajos, negocios, organizaciones y proyectos comunitarios.
La demanda se suma a otra presentada a principios de septiembre que también cuestiona la posibilidad de que agentes de ICE y otras fuerzas federales ingresen a centros de votación durante las elecciones de 2026.
“Si Michael pierde, no lo voy a enviar”, dijo Trump al hablar sobre fondos adicionales de FEMA. Trump también dijo que ya se habían destinado más de $2 mil millones en fondos de FEMA para la recuperación de Carolina del Norte y que las comunidades estaban esperando recursos adicionales para continuar con las labores de recuperación.
La administración Trump ha puesto fin al TPS para personas provenientes de 13 de los 17 países que tenían esta protección, como parte de sus esfuerzos para reducir el uso del programa. Sin embargo, en el caso de El Salvador, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha anunciado una decisión.
Durante el Mes de la Herencia Hispana y Latina, celebramos las contribuciones, la cultura y el liderazgo de nuestras comunidades Latinas en Carolina del Norte.
Más de 25 personas compartieron testimonios sobre el impacto las operaciones federales de inmigración en sus familias y comunidades. La audiencia fue privada para proteger la identidad de algunos participantes.
La administración de Donald Trump pidió el martes a la Corte Suprema intervenir en una demanda para permitir el uso de un controvertido sistema de datos destinado a revisar los registros de votantes estatales antes de las elecciones de medio término.
Según la oficina del fiscal general, las sustancias PFAS se han propagado por el aire, las aguas subterráneas y del río Cape Fear, afectando los recursos naturales y a comunidades del sureste de Carolina del Norte.
La decisión llega en medio de un creciente escrutinio sobre las prácticas de uso de la fuerza por parte de ICE y mientras defensores de los derechos civiles continúan exigiendo mayor transparencia y supervisión de las operaciones de la agencia.