A menos de cuatro semanas de la fecha límite, el Congreso enfrenta una intensa batalla para aprobar medidas que eviten un cierre del gobierno a finales de septiembre. El desafío no solo radica en mantener abierto el gobierno federal, sino también en navegar las profundas divisiones partidistas que han vuelto a dominar las negociaciones.
Más del 46% de las empresas que forman parte del listado Fortune 500 en 2025 —231 de 500— fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos. De estas, 109 fueron fundadas directamente por inmigrantes y 122 por hijos de inmigrantes. Entre las 14 compañías que aparecieron por primera vez en la lista este año, 10 fueron creadas por inmigrantes o sus hijos.
Luis Alonso Juárez Hernández, un conductor muy conocido de Duke Transit, se encuentra en riesgo de deportación tras la decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos hondureños. El querido conductor será despedido de la universidad el 8 de septiembre y perderá su permiso de trabajo, a menos que la administración Trump restablezca su TPS o le conceda una Salida Forzosa Diferida (DED)..
Carolina del Norte podría perder hasta $3 mil millones si se aprueba una propuesta del gobierno de Trump para reducir en un 40% el presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).
En plena temporada de huracanes, la administración Trump ha ordenado que decenas de empleados de FEMA, la agencia federal encargada de responder a desastres naturales, sean transferidos temporalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las principales aseguradoras que ofrecen planes ACA en el estado han solicitado incrementos de tarifas que van desde el 27% hasta el 36%. Amerihealth Caritas propone el aumento más alto (36%), seguida por UnitedHealthcare (32%), Blue Cross NC (29%) y Cigna (27%). Estas solicitudes están siendo revisadas por el comisionado estatal de seguros, aunque la decisión final recae en reguladores federales.
Un juez federal evaluará esta semana si Donald Trump abusó de su poder presidencial al desplegar tropas militares en ciudades estadounidenses para imponer control político y reforzar su agenda. El caso, presentado por el estado de California, se centra en el uso de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles tras protestas contra redadas migratorias en junio. Sin embargo, la preocupación por el autoritarismo de Trump va más allá del estado: también ha asumido el control de la policía de Washington D.C. y desplegado la Guardia Nacional en la capital del país.
La administración de Trump aconsejó a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que se auto-deporten y advirtió que no están automáticamente protegidos contra la deportación. Trump prometió llevar a cabo el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia de EE. UU. durante su campaña, y rápidamente tomó medidas para aumentar la aplicación de las leyes migratorias tras su regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, ha enviado señales contradictorias sobre DACA.
Aproximadamente la mitad de los estadounidenses afirma que el costo de los comestibles es una fuente de estrés “importante” en sus vidas en este momento, mientras que el 33 % lo considera una fuente de estrés “menor”, según el sondeo del Centro de Investigación NORC‑AP (The Associated Press‑NORC Center for Public Affairs Research). Solo el 14 % declara que no es una fuente de estrés, lo que subraya la ansiedad generalizada que la mayoría de los estadounidenses continúa sintiendo por el costo de los productos de consumo diario.
Legisladores de Carolina del Norte promulgaron el martes una ley republicana anulando el veto del gobernador demócrata Josh Stein a HB 318, un proyecto de ley de aplicación migratoria que exige mayor cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración.