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Los republicanos buscan extender los recortes fiscales de 2017 de Trump y aplicar temporalmente sus promesas de campaña de no gravar las propinas ni el pago por horas extra. Quieren compensar parcialmente el costo de aproximadamente 3.8 billones de dólares de esas medidas fiscales — como los planes para aumentar el gasto militar y en control migratorio— mediante recortes a Medicaid, los cupones de alimentos y subsidios para energías limpias.

Los legisladores de Carolina del Norte tienen una agenda muy apretada y el tema más comentado es el Proyecto de Ley 318 de la Cámara

Una jueza federal nombrada por Donald Trump ha ordenado a la administración Trump facilitar el regreso de un joven Venezolano deportado a El Salvador el mes pasado, al considerar que su expulsión violó un acuerdo judicial previo.

La Corte Suprema de EE. UU. decidió  9-0 que la administración Trump debe facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland deportado erróneamente a El Salvador, donde fue enviado a una prisión conocida por presencia de pandillas.

Al menos 13 estudiantes más de universidades en Carolina del Norte han visto recientemente revocadas sus visas estudiantiles. El 25 de marzo, la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State) informó que fue notificada de que dos de sus estudiantes internacionales —ambos presuntamente provenientes de Arabia Saudita— habían perdido sus visas. En cuestión de días, ambos estudiantes regresaron a su país de origen.

DACA y TPS son dos programas que ofrecen protección temporal contra la deportación de inmigrantes en los Estados Unidos, pero ambos se encuentran en un estado de “limbo legal” debido a cambios y disputas políticas. 

Una corte de apelaciones federal ha rechazado la solicitud de la administración Trump para levantar una orden de restricción temporal (TRO) que bloquea el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump para deportar a inmigrantes. La decisión de 2-1 proviene de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Democracy Forward y la ACLU del Distrito de Columbia.

El miércoles 2 de abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará los argumentos orales en el caso Medina v. Planned Parenthood South Atlantic, un caso de Carolina del Sur que decidirá si el gobierno puede impedir que las personas que usan Medicaid accedan a los servicios de Planned Parenthood, como anticonceptivos, exámenes de cáncer y otros servicios rutinarios de salud sexual y reproductiva. Este caso pone en riesgo el acceso a la atención médica para millones de personas que han confiado en Planned Parenthood para servicios de salud sexual y reproductiva.

La administración Trump dijo que ignoró una orden judicial para dar vuelta dos aviones con supuestos miembros de pandillas venezolanas porque los vuelos estaban sobre aguas internacionales. La decisión de la administración de desafiar la orden de un juez federal es extremadamente rara y altamente controvertida. “La orden judicial fue desobedecida. El primero de muchos, como he estado advirtiendo, y el comienzo de una verdadera crisis constitucional”, escribió el abogado de seguridad nacional Mark S. Zaid, crítico de Trump, en X, añadiendo que Trump podría ser finalmente destituido. La Casa Blanca da la bienvenida a esa lucha. “Esto llegará a la Corte Suprema. Y vamos a ganar”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a Axios.

El anuncio de la Administración Trump de emitir un Aviso de Propuesta de Regla para restringir el acceso a la cobertura de salud para los receptores de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es decepcionante, pero no sorprendente. En su búsqueda de nuevas formas de amenazar el bienestar de las comunidades inmigrantes, esta administración ha hecho todo lo posible para restringir y empeorar el sistema de salud para todos.